Una auditoría de la Contraloría Regional de Aysén detectó una serie de incumplimientos en la ampliación del Liceo Bicentenario Altos del Mackay de Coyhaique, infraestructura que actualmente se encuentra en funcionamiento pese a no contar con permisos clave para operar.
De acuerdo con el Informe Final N°183 de 2026, la ampliación del establecimiento —que contempla cerca de 896 metros cuadrados— fue ejecutada sin permiso de edificación ni recepción definitiva por parte de la Municipalidad de Coyhaique. Además, la obra fue levantada en un sector donde el Plan Regulador Comunal restringe este tipo de construcciones.
La fiscalización también evidenció problemas asociados a instalaciones esenciales para el funcionamiento del recinto. Según el organismo contralor, los sistemas eléctricos y de gas no cuentan con las certificaciones ni declaraciones correspondientes ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A esto se suma la falta de una resolución sanitaria que autorice los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Pese a estas observaciones, el establecimiento obtuvo igualmente el Reconocimiento Oficial por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén, situación que abre cuestionamientos sobre los mecanismos de revisión y control previo antes de autorizar el funcionamiento de recintos destinados a la comunidad escolar.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias adquieren especial relevancia debido a que la ampliación continúa siendo utilizada por estudiantes y funcionarios. Actualmente, el recinto alberga a 391 alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio, quienes desarrollan sus actividades en una infraestructura que, según el informe, no ha acreditado completamente el cumplimiento de las exigencias normativas.
El caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la coordinación entre los organismos encargados de autorizar, supervisar y fiscalizar la infraestructura educacional. Mientras una institución entrega reconocimiento oficial, otra detecta que existen permisos pendientes y condiciones que no se ajustan completamente a la normativa vigente.
Ante los hallazgos, la Contraloría instruyó a la Seremi de Educación implementar mecanismos de control para evitar que establecimientos sean reconocidos sin cumplir los requisitos exigidos. Además, remitió los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que evalúe las acciones correspondientes dentro de sus atribuciones fiscalizadoras.
