Una obra financiada con recursos públicos, destinada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Caleta Tortel, terminó dejando una pesada cuenta que ahora deberán asumir las propias arcas fiscales. El Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane condenó a la Municipalidad de Tortel y al Gobierno Regional de Aysén al pago de más de $705 millones, luego de establecer que una sucesión de incumplimientos durante la ejecución del proyecto provocó graves perjuicios económicos a la empresa a cargo de las obras.
La sentencia expone una gestión marcada por deficiencias que, según acreditó el tribunal, terminaron siendo determinantes en el conflicto. La constructora debió ejecutar trabajos extraordinarios debido a errores y observaciones en el diseño del proyecto, labores que fueron aprobadas por la inspección técnica, pero que nunca fueron íntegramente pagadas.
Lejos de resolver los problemas, las instituciones públicas continuaron acumulando incumplimientos. El Gobierno Regional retrasó el pago de estados de avance y la Municipalidad de Tortel incumplió obligaciones esenciales del contrato, como asegurar el suministro eléctrico necesario para la puesta en marcha de la obra. El resultado fue una controversia que terminó resolviéndose en los tribunales y con una millonaria condena.
El golpe económico no lo asumirán quienes administraron el proyecto, sino el Estado. La Municipalidad de Tortel deberá desembolsar $670.179.863, mientras que el Gobierno Regional de Aysén pagará $35.029.629, recursos públicos que podrían haberse destinado a nuevas inversiones, pero que ahora deberán utilizarse para responder por incumplimientos acreditados judicialmente.
La resolución deja una incómoda conclusión para ambos organismos: una obra concebida para mejorar el sistema sanitario de una de las comunas más aisladas del país terminó convertida en un ejemplo de cómo una gestión deficiente puede derivar en un costoso litigio, cuya factura, finalmente, será pagada con dinero de todos los contribuyentes.
