La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que modifica el calendario y las condiciones de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Según se informó, el objetivo es asegurar una transición ordenada, eficiente y que resguarde la continuidad de la atención jurídica a la ciudadanía.
Según se informó, la modificación permitirá completar la instalación nacional del servicio en enero de 2029, diez meses antes de lo establecido originalmente. Además, reducirá de 30 a 12 meses el período de coexistencia entre la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, lo que disminuiría la duplicidad de estructuras y procesos administrativos.
La iniciativa propone reorganizar en dos hitos las tres etapas de implementación contempladas en la Ley N.º 21.780. El primero se desarrollará en enero de 2028, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. El segundo, previsto para enero de 2029, incorporará a las diez regiones restantes del país.
Sobre el proyecto, la seremi Andrea Ponce explicó que «para nuestra región de Aysén, este es un avance muy importante, porque nos permitirá contar con una nueva institucionalidad que busca facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para recibir orientación y apoyo jurídico. Sabemos que, en una región con las características geográficas de la nuestra, acercar estos servicios a las personas es fundamental. Por eso, valoramos la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados, que permitirá adelantar la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, avanzando hacia una atención más oportuna, cercana y eficiente».
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas busca integrar en una sola institucionalidad los servicios de información y orientación legal, asesoría y representación jurídica, el programa de atención a víctimas y los programas especializados que hoy implementan las Corporaciones de Asistencia Judicial. También administrará el sistema de mediación familiar y promoverá e implementará mecanismos de resolución colaborativa de conflictos.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará su tramitación legislativa en el Senado.
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Fuente: Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén
