Nueva ley en Chile reduce trámites en notarías y avanza en procesos digitales.
Una reciente legislación en Chile, conocida como “ley de desnotarización”, busca reducir la dependencia de las notarías en diversos trámites, facilitando procesos mediante herramientas digitales, firma electrónica y declaraciones simples.
La normativa apunta a disminuir la burocracia, reducir costos y permitir que las personas puedan realizar gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una notaría, lo que representa un avance en materia de modernización del Estado.
Alcance de la medida
Si bien la ley introduce cambios relevantes, no implica la eliminación de las notarías ni la eliminación total de este tipo de trámites. La normativa aplica únicamente a determinados documentos y gestiones específicas, manteniéndose el uso de notarías en casos donde la ley lo exige.
En ese sentido, especialistas y autoridades han enfatizado que se trata de una simplificación del sistema, más que de una eliminación del rol notarial.
Impacto en regiones
El alcance de esta ley resulta especialmente significativo en regiones como Aysén, donde el acceso a notarías puede implicar traslados a otras ciudades o mayores tiempos de espera.
La posibilidad de realizar ciertos trámites de forma remota podría beneficiar directamente a emprendedores, pymes y personas que viven en zonas aisladas, facilitando la gestión de documentos sin necesidad de desplazamientos.
Modernización del sistema
La “ley de desnotarización” se enmarca en un proceso más amplio de digitalización y modernización del Estado, orientado a mejorar la eficiencia de los servicios públicos y acercarlos a la ciudadanía.
En este contexto, la normativa representa un avance concreto hacia un sistema más ágil y accesible, aunque su implementación deberá ser progresiva y acompañada de información clara para evitar confusiones sobre su alcance real.
Conclusión
Si bien la información difundida sobre el fin de las notarías ha generado diversas interpretaciones, lo cierto es que la ley busca simplificar trámites específicos y facilitar el acceso a servicios, sin eliminar el rol que actualmente cumplen estas instituciones.
Para regiones como Aysén, el impacto podría ser especialmente positivo, al reducir barreras de acceso y mejorar la experiencia de los usuarios en sus gestiones cotidianas.
